El Gobierno limita la subida del IPC de los alquileres

 

El Gobierno ha congelado temporalmente la cláusula de los contratos de alquiler de vivienda que permite a los caseros actualizar las rentas conforme al IPC. Ante el imparable avance de la inflación, el Ejecutivo ha decidido que hasta el 30 de junio el incremento no podrá superar el 2% del precio fijado en el contrato previo, es decir, hasta esa fecha ninguna actualización de la renta podrá ser mayor a ese porcentaje.

La medida fue anunciada ayer por el presidente, Pedro Sánchez, durante el encuentro Generación de Oportunidad, en donde detalló la hoja de ruta que tomará el país para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

Desde hace semanas, el Gobierno de coalición preparaba un plan para hacer frente a la crisis desatada por la invasión de Ucrania. Una de las grandes apuestas era extender el escudo social diseñado en la pandemia, cuando se prorrogaron los contratos de alquiler, obligando a los arrendadores a mantener las mismas rentas y condiciones de contrato.

El incremento medio de los alquileres en febrero fue de 53 euros más al mes como consecuencia de la subida del 7,6% en el IPC que se registró en ese momento. El cálculo estimado por Idealista supone 634 euros más al año, y aunque la mayoría de los arrendatarios han optado por no aplicar el incremento, la situación a la que se enfrentaban los inquilinos hacía urgente la intervención gubernamental.

Desde el año 2015 los propietarios pueden incluir en sus contratos la posibilidad de que las rentas se actualicen anualmente conforme a la inflación. Un alquiler firmado en marzo de 2021 podría referenciarse un ejercicio después al IPC de febrero de 2022. Con la subida de febrero, por ejemplo, un alquiler medio de 800 euros se habría incrementado en marzo en poco más de 60 euros mensuales, unos 720 euros más al final del año.

Si la subida de este mes alcanza el 8,6% previsto por Funcas, los contratos cerrados en abril del año pasado se podrían encarecer en más de 68 euros mensuales, es decir, 816 euros al final del ejercicio. No obstante, con la nueva medida, un alquiler de 800 euros podría subir como máximo 16 euros mensuales; 192 euros anuales.

A pesar de ser temporal, no ha sido bien recibida por las agencias inmobiliarias. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, recriminó al Gobierno que “vuelva a cargar sobre los propietarios particulares lo que es responsabilidad de la Administración”. A falta de conocer los detalles, dijo que supone “un nuevo varapalo para los arrendadores, que de vuelven a ver cómo cambian las reglas a mitad de partido” y que en muchos casos provocará que la gente dude en poner sus propiedades en alquiler.

María Matos, directora de estudios de Fotocasa, coincide con Idealista en que la intervención en un mercado tan sensible como el del alquiler podría traer el efecto inverso al deseado, dificultando aún más el acceso a una vivienda entre las personas más vulnerables. Según ella, aunque la inflación afecta en mayor medida al inquilino, el arrendatario también se está viendo perjudicado por los gastos directos de la vivienda. En consecuencia, la Administración debería añadir medidas adicionales para que este límite del IPC no recaiga sobre los hombros de los propietarios.

Matos está convencida de que “ambas partes del contrato merecen medidas excepcionales”, y de que “la responsabilidad de las subidas de precios no debe recaer de nuevo sobre los dueños, ya que la situación económica y de mercado global no depende de ellos”.

Los que parecen más conformes con la propuesta son los partidos políticos. Incluso el PP, principal opositor, dijo ayer que estaba dispuesto a dialogar y apoyar medidas para paliar la situación económica provocada por la subida de precios y de combustibles. Eso sí, espera que el plan incluya bajadas impositivas, como se acordó en la Conferencia de Presidentes de La Palma.

Fuente:cincodias.elpais.com